28/8/23

MÉXICO: VERDE OLIVA, BLANCO Y ROJO

El riesgo de estos escenarios me parece obvio: militarizar a un país para solucionar cualquier problema es fácil de implementar, pero difícil de revertir.

Texto por: Juan Pablo Delgado Cantú

Aunque faltan más de 300 días para la elección presidencial del 2024, muchos pitonisos del círculo rojo ya auguran que el arroz electoral está cocido y que el resultado más probable del próximo año es una victoria del oficialismo.

Yo no pretenderé ser el Walter Mercado de esta prestigiosa revista, así que no entraré en el juego de las predicciones electorales. Pero si algo puedo asegurarles sería lo siguiente: independientemente de quien resulte vencedor en 2024, los grandes ganadores serán las Fuerzas Armadas de México.

¿Por qué lo digo? Porque el modelo establecido en la actual administración -donde los militares obtuvieron patrimonio en la forma de aeropuertos, aduanas y otros contratos de infraestructura- difícilmente podrá ser dislocado en el siguiente gobierno, gane quien gane la mentada elección.

Esta es la misma opinión del Center for Strategic and International Studies (CSIS). En su reciente trabajo titulado “Después de AMLO: Perspectivas económicas, políticas y de seguridad para México en 2024”, los autores Ryan C. Berg,  Sara Fattori y Henry Ziemer incluyen un par de escenarios sobre el papel que jugará el Ejército y la Marina en el futuro próximo:

Caso 1. Gana Morena: “Si un sucesor de MORENA continúa por el mismo camino en 2024, puede incrementar el poder político de las Fuerzas Armadas en los años siguientes. Como tal, el legado de deterioro y alteración institucional persistirá mucho después de la partida de AMLO”.

Caso 2. Gana la oposición: “El papel de los militares en los proyectos de infraestructura presentará un reto al sucesor de AMLO. Un candidato de la oposición enfrentará nuevos intereses burocráticos, especialmente en los sectores de transporte y logística, que podrían verse como competencia de los militares”. 

Al final de cuentas, la permanencia de las Fuerzas Armadas en la vida económica (y por ende, en la política) parece irreversible en nuestro caso. Porque como apunta el informe del CSIS, la instalación del Ejército en funciones de infraestructura y desarrollo económico las convertirá en una fuerza con el poder de “sabotear” a cualquiera que busque revertir el nuevo status quo establecido durante el actual sexenio. 



Yo no sé ustedes, pero en vez de perder tanto tiempo en la grilla electoral, deberíamos de hacer pausa en este tema, quizás el que más transformará el andamiaje y balance institucional de México.

También preocupa que este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Como indica el analista James Bosworth en WPR, la creciente inseguridad en América Latina ha llevado a distintos gobiernos a depender cada vez más de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad. Muy similar a lo que ha ocurrido aquí, esta aproximación militarizada para controlar a la delincuencia se presenta como el primer paso para que los militares incrementen su influencia en la política.

En Ecuador, el incremento de violencia del crimen organizado (con nexos a cárteles mexicanos) ha llevado a Luisa González -una de las ganadoras de la primera vuelta el pasado 20 de agosto- a prometer una mayor militarización de la seguridad sumado a  cientos de millones de dólares para lograrlo.

En Argentina pasa lo mismo, donde Javier Milei, el candidato que ganó las primarias, ha propuesto militarizar las prisiones y unificar los sistemas de Defensa y Seguridad para que las Fuerzas Armadas tengan un mayor despliegue y presencia en su país.

En Honduras es igual, donde Xiomara Castro ha buscado imitar a las políticas de El Salvador, aplicando políticas militaristas y de mano dura para contener la violencia.

El riesgo de estos escenarios me parece obvio: militarizar a un país para solucionar cualquier problema es fácil de implementar, pero difícil de revertir. ¿Quién será el valiente que se enfrente a los milicos y los obligue a renunciar a su nueva influencia política? O peor aún… ¿Quién los hará devolver su nuevo patrimonio o sus nuevas empresas?